Cuando se habla de reinserción social juvenil, suele repetirse que “es tarea de todos”. Y, sin embargo, pocas frases en política pública generan un riesgo tan evidente: lo que es de todos, puede convertirse rápidamente en responsabilidad de nadie. La reinserción, en cambio, exige precisamente lo contrario: claridad en las obligaciones, distribución de roles y un Estado capaz de liderar un proceso que, por definición, es intersectorial, complejo y de largo plazo.
Por primera vez en Chile, ese vacío institucional comienza a resolverse. La creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil —la primera institución del país dedicada exclusivamente a la reinserción de jóvenes que han infringido la ley— marca un punto de inflexión. No se trata solo de una nueva repartición administrativa; implica reconocer que dejar el delito requiere una especialización que Chile no tenía y que, sin una institucionalidad propia, era imposible sostener. Este nuevo servicio, que está próximo a operar en todo el territorio nacional, llega a saldar una deuda histórica: abordar la reinserción como un campo profesional y técnico.
En ese contexto, contar con una Primera Política Nacional de Reinserción Social Juvenil y un Plan de Acción hasta el año 2030, cambia el terreno de manera decisiva. Por primera vez, se fija un marco común para todas las instituciones involucradas, con metas, indicadores y obligaciones explícitas. Ya no hablamos de buenas intenciones ni de promesas generales: hablamos de un contrato público que establece quién hace qué, cuándo y con qué resultados esperados. La reinserción deja de ser una consigna para convertirse en un deber exigible.
El rol del Estado será garantizar derechos, asegurar continuidad educativa, entregar atención de salud mental y tratamiento para el consumo problemático de alcohol y drogas, acompañar procesos familiares complejos y proteger trayectorias vitales que, muchas veces, se han construido entre la precariedad, la violencia y la exclusión. El Estado debe ser, además, el garante de que la política pública será una inversión a largo plazo.
La evidencia internacional es clara: nadie abandona el delito solo porque una institución lo declare. Es un proceso social, relacional y colectivo. Los jóvenes requieren oportunidades laborales reales; requieren comunidades que no los expulsen; requieren barrios capaces de ofrecerles algo distinto; requieren empresas que abran caminos reales de inclusión. Dar una segunda oportunidad no es ingenuidad: es inteligencia social. La investigación comparada – nacional e internacional- lo demuestran de manera consistente: invertir en que un joven deje el delito, es una de las estrategias más efectivas y sostenibles para reducir la inseguridad.
En este proceso, la sociedad civil juega un rol clave, quienes han desarrollado un trabajo sostenido, por décadas, en espacios donde el Estado no siempre llegó, transformado prácticas, y proponiendo metodologías basadas en evidencia.
La academia, por su parte, ha producido conocimiento que hoy sustenta decisiones públicas. Ha demostrado, con datos, que la mayoría de los jóvenes infractores quiere dejar el delito; que la violencia y el delito no son rasgos individuales sino condiciones sociales, familiares, económicas y comunitarias. Han impulsado evaluaciones, desarrollado modelos e iluminado un camino que Chile comienza a transitar con mayor madurez institucional.
Y, aun así, hay algo más decisivo: la opinión pública. La forma en que una sociedad reconoce que ningún joven nace condenado y que la seguridad también se construye ampliando oportunidades, entonces la reinserción se vuelve un horizonte compartido. Y, sobre todo, creíble.
Por eso, sí: la reinserción juvenil es tarea de todos, pero no en un sentido retórico, sino en uno estrictamente riguroso. El Estado debe liderar, coordinar, garantizar derechos y sostener el proceso; la sociedad civil, aportar su experiencia; la academia, su evidencia; las empresas, su capacidad de abrir caminos; y la ciudadanía, su voluntad de comprender que la seguridad se construye sumando, no excluyendo.
Porque si la inseguridad nos alcanza a todos —aunque de formas desiguales—, también necesitamos de todos para enfrentarla de manera efectiva y a largo plazo. Y porque una sociedad que se articula para ofrecer segundas oportunidades no solo reduce el delito: también amplía su propio horizonte de futuro.
Por Rocío Faúndez García
Directora Nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil
