El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, entenderá como participación ciudadana el involucramiento activo de las personas a participar en la gestión pública. Dicha normativa obliga a los órganos de la Administración del Estado a incluir estándares para cada uno de los mecanismos de participación y modalidades de financiamiento.
Lo anterior se refleja en la Resolución Exenta N°295, que aprueba la Norma General de Participación Ciudadana del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, donde se establecen las modalidades formales y específicas de participación ciudadana.
Actualmente la ley considera 4 mecanismos de participación que deben ser aplicados de manera obligatoria por los órganos de la Administración Central del Estado (ministerios y servicios) estos son:
1- Acceso a la información relevante
Entregar información actualizada, pertinente, oportuna y accesible sobre el quehacer de las instituciones públicas (políticas, planes, programas, acciones y presupuesto). Accede a Gobierno Transparente en este link
2- Cuentas públicas participativas
Mecanismo de rendición de cuentas que involucra procesos de diálogo, en los que una autoridad informa a la ciudadanía anualmente sobre la gestión realizada, recoge preguntas y planteamientos de los/as participantes, y les da respuesta.
3- Consultas ciudadanas
Instancias de participación impulsadas por los gobiernos sobre temas de interés público. Permiten informar y recoger distintos puntos de vista, perspectivas y opiniones de la ciudadanía respecto a una determinada política, plan, programa de gobierno o proyecto de ley.
En diciembre de 2024, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil realizó una consulta anticipada, con la finalidad de levantar las temáticas necesarias de incorporar a la Consulta Ciudadana a realizarse durante el año 2025.
4- Consejos de la sociedad civil
Espacio de consulta y encuentro permanente entre la administración pública y la sociedad civil organizada sin fines de lucro. Tiene un carácter consultivo, deliberativo, autónomo en sus decisiones, y se consideran las visiones, ideas, preguntas, acuerdos y desacuerdos de las organizaciones.