13 de enero se cumplió un año desde el inicio de la primera etapa de la implementación del Servicio de Reinserción Social Juvenil-una pieza clave dentro del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de que quienes cometan un delito siendo mayores de 14 años y menores de 18 años, abandonen toda conducta delictiva y se integren en la sociedad.
El Servicio tiene como objetivo no solo ofrecer una respuesta adecuada a jóvenes en conflicto con la ley, buscando su reintegración a la sociedad, sino que también actuar como una política pública para invertir, en el largo plazo, en seguridad pública.
Para alcanzar esta meta, la coordinación entre los distintos actores del Estado es fundamental y es una piedra angular de la Política Nacional de Reinserción Social. Este trabajo intersectorial es importante porque el Estado en su conjunto, a través de ministerios y servicios, deberá asegurar el acceso de distintos los jóvenes a las prestaciones que requieran en áreas como capacitaciones la- borales, atención de salud, acceso. la educación, salud mental, entre otras urgencias que tiene los jóvenes.
Esta articulación permitió, por ejemplo, que cinco jóvenes privados de libertad de la región lograran licenciarse de Cuarto Medio gracias a un trabajo coordinado con la Seremi de Educación.
Pero para que esta política sea realmente efectiva, también se necesita el compromiso de la sociedad civil y el mundo privado, pues así se habilitan los espacios y oportunidades necesarios. Es el caso de Komatsu Cummins Chile, que a través de la Fundación Reinventarse, entregó 10 cupos para capacitar a jóvenes que están cumpliendo sanciones en programas no privativos de libertad, o la voluntad del Centro de Entrenamiento Industrial y Mine- TO(CEIM) y de la Fundación Minera Escondida para brindar oportunidades adolescentes y jóvenes en busca de la integración social.
En la Región de Antofagasta hay cerca de 300 adolescentes y jóvenes en proceso de reinserción social, de los cuales hoy aproximadamente 30 están privados de libertad total. Estas cifras nos dan esperanza en que es una población abordable, de la que podemos hacer un seguimiento individualizado durante el proceso por hasta seis meses tras su egreso, para que así retornen a espacios seguros en los ámbitos educativos, laborales e, incluso, dentro de los espacios públicos de las ciudades donde habitan.
Invertir en reinserción juvenil es aportar a la seguridad pública, pues apuesta por cambiarla trayectoria de vida de adolescentes y jóvenes que han tenido contextos adversos, y que gracias a su voluntad y trabajo, quieren ser un aporte la sociedad. La re- inserción social juvenil en la Región de Antofagasta es posible, es de toda justicia, y para concretarlo es clave la articulación interinstitucional.
Alejandro Azócar Zubicueta
Directora regional (s) de Reinserción Social Juvenil, Región de Antofagasta
Columna publicada originalmente en El Mercurio de Calama