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La Comisión Verdad y Niñez continúa avanzando en su mandato de esclarecer la verdad histórica, proponer medidas de reparación y contribuir a las garantías de no repetición frente a las graves vulneraciones de derechos humanos sufridas por niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2021.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión, Soledad Larraín, junto al comisionado Miguel Cillero, se reunió con la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y establecer mecanismos de colaboración que permitan enriquecer el trabajo de la Comisión con antecedentes relevantes, conocimiento técnico y experiencia institucional.

“El trabajo coordinado con el Servicio de Reinserción es un paso fundamental para cumplir con el mandato de la Comisión. Trabajar unidos como Estado es imprescindible, y estamos avanzando”, señaló Soledad Larraín, presidenta de la Comisión Verdad y Niñez.

La Comisión ha desplegado un proceso nacional de escucha a víctimas y sobrevivientes, brindando espacios seguros, confidenciales y acompañados por profesionales especializados para que las personas puedan entregar su testimonio. Este proceso reconoce la complejidad emocional que implica narrar experiencias marcadas por la violencia y la institucionalización, y por ello ha sido diseñado con un profundo respeto por los tiempos, formas y necesidades de quienes deciden compartir su verdad.

Por su parte, la directora del Servicio de Reinserción, Rocío Faúndez, destacó que esta articulación “refleja el compromiso del Servicio con la verdad, la justicia y la reparación, aportando con información y experiencia institucional que contribuya a que el Estado pueda abordar de manera integral esta temática, y fortalecer la protección y el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todos sus contextos”.

El trabajo conjunto entre la Comisión y las instituciones del Estado permite comprender mejor las trayectorias institucionales, levantar datos esenciales y avanzar hacia políticas públicas que coloquen el cuidado, la protección y la dignidad de la infancia y adolescencia en el centro de las decisiones.

Este tipo de articulación es clave para cumplir el objetivo de la Comisión: nunca más una infancia maltratada bajo custodia del Estado.