Respecto de la carta “Impunidad para delinquir” de la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, existe una muy buena noticia: el cambio que ella plantea como necesario en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente ya se realizó, está en pleno proceso de implementación y estará operando en la Región Metropolitana en enero de 2026.
Justamente, porque la ley no estaba cumpliendo su propósito, el Congreso aprobó en 2022 una profunda reforma al sistema, acompañada de transformaciones estructurales basadas en evidencia: la creación de un nuevo servicio especializado en la ejecución de las medidas y sanciones, la especialización de todos los actores del circuito (Ministerio Público, judicatura y Defensoría), y la obligación de que las instituciones públicas trabajen coordinadamente para lograr resultados concretos en reinserción.
Esta reforma fue impulsada y aprobada por tres gobiernos de distinto signo político, lo que da cuenta de su carácter de política de Estado.
Su proceso de instalación es gradual, tal como fue aprobado por el Congreso —comenzó en el norte en 2024, avanzó este año al sur y llegará al centro del país en 2026—, precisamente para asegurar calidad y continuidad.
En este nuevo sistema, la Libertad Asistida Especial no se reduce a “visitas semanales o llamadas de control”: se trata de un programa con acompañamiento integral de equipos profesionales especializados y con un incremento de financiamiento del 124% en los territorios donde ya opera. Sus lineamientos están construidos sobre evidencia y buenas prácticas internacionales.
La reforma será evaluada por sus resultados en reinserción y reducción de reincidencia, tal como lo establece la ley. Solo entonces —después de terminada su implementación— corresponderá analizar posibles ajustes. Porque una política pública seria se modifica con datos y resultados.
La reinserción no es impunidad: es la única forma responsable y efectiva de construir seguridad y futuro para el país.
por el servicio. En la macrozona norte se registran 3.289 atenciones, y en la sur, 2.413 durante su primer año. El 10% corresponde a adolescentes de 14 y 15 años, el 40% a jóvenes de 16 y 17, y casi la mitad a mayores de 18. Actualmente, 2.731 jóvenes permanecen activos en el sistema, de los cuales solo el 7% son mujeres. Se suman además 588 derivaciones de mediación penal adolescente y 69 acompañamientos postegreso, nuevas líneas institucionales que amplían el horizonte de apoyo más allá del cumplimiento de la sanción.
El fortalecimiento de la infraestructura también ha sido clave. Se están ejecutando proyectos por más de 55 mil millones de pesos, incluyendo la construcción del nuevo Centro de Tarapacá en Alto Hospicio, mejoras en Coquimbo y Coronel, y la segunda fase del Centro de Antofagasta. A ello se suman los nuevos centros de justicia juvenil en Los Lagos -con una inversión superior a 10 mil millones- y Antofagasta, que en sus dos etapas superará los 17 mil millones.
En cuanto a los Centros de Reclusión Parcial (LAE-IP), este 2025 se inauguraron los de Arica ($159 millones) y Tarapacá ($181 millones), y se proyecta abrir próximamente en Ñuble, Los Ríos y Valparaíso, además de la separación administrativa de los de Antofagasta, Aysén y Magallanes.
Estamos cumpliendo la misión que la ley nos encomendó: garantizar que cada joven en conflicto con la justicia tenga una verdadera oportunidad de cambio. Pero la tarea continúa. Cada caso de reincidencia es una historia que no logramos revertir; cada proceso de reinserción exitoso, en cambio, es una victoria compartida. Porque cuando un joven vuelve a estudiar, consigue trabajo o repara el daño causado, no solo transforma su vida: transforma también el país que estamos construyendo.
Por Rocío Faúndez García
Directora Nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil
Carta al director publicada por Diario El Mercurio, Sábado 25 de octubre del 2025.
