El Servicio de Reinserción Social Juvenil suscribió el acuerdo interinstitucional que busca garantizar que toda muerte ocurrida bajo responsabilidad del Estado sea investigada con el rigor que exigen los estándares internacionales.
La ceremonia, convocada por la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional y encabezada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reunió a representantes de diversos organismos que tienen a su cargo personas en situación de custodia o cuidado. En esa instancia se formalizó la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional sobre Denuncia e Investigación de Muertes Bajo Custodia.
Este proceso tiene como antecedente el año 2016, cuando la muerte de una niña de 10 años en un centro residencial abrió un debate profundo sobre la responsabilidad estatal y derivó en compromisos internacionales. A partir de ese hecho se estableció un primer convenio orientado a la denuncia temprana y a la incorporación de marcos internacionales, como el Protocolo de Minnesota.
Sin embargo, la experiencia acumulada evidenció la necesidad de avanzar más allá y dio origen a este nuevo acuerdo, que se sostiene en dos pilares: el fortalecimiento de los sistemas de registro y seguimiento mediante herramientas tecnológicas que aseguren trazabilidad e integridad de la información; y la ampliación de la cooperación interinstitucional, integrando a más organismos para que ningún fallecimiento quede fuera del circuito de denuncia e investigación.
